domingo, 1 de mayo de 2016

SIP: PERÚ URRESTI EN LA MIRA

El país atraviesa un proceso electoral que definirá al próximo Presidente y el nuevo Parlamento por un período de cinco años, cuando el próximo 28 de julio se produzca el cambio de mando entre el actual presidente Ollanta Humala Tasso y el mandatario electo. Las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones han generado un clima de confusión entre los diversos candidatos, que se ve reflejado en la cobertura de los medios de comunicación.

En este período se han seguido registrando casos de ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas, debido al ejercicio de su labor frente a casos de denuncias de corrupción en la gestión pública o debido a acciones de protesta. El proceso electoral ha traído mayores riesgos para los periodistas que trabajan en el interior del país.

Dirigentes del partido Fuerza Popular que encabeza Keiko Fujimori Higuchi, quien lidera las encuestas de intención de voto, agredieron a varios periodistas en la ciudad de Arequipa. Un video comprueba la agresión que recibió el camarógrafo Max Manuel Gutiérrez, de TV Mundo Noticias Arequipa.

Uno de los principales problemas que enfrentan los periodistas en el Perú, especialmente en las regiones, es cuando denuncian actos de corrupción. Las autoridades regionales suelen arremeter contra los comunicadores y los hostigan para detener sus labores.

El caso de los periodistas Paul Pilco Dorregaray, del diario Correo de Apurímac, y Carlos Peña, de ATV Abancay, en la localidad de Pacotamba (Apurímac), resulta alarmante: fueron agredidos por familiares del alcalde distrital por no estar de acuerdo con sus ideas.

Asimismo, David Bazán Arévalo, alcalde de la provincia de Tocache agravió verbalmente, amenazó e intentó agredir físicamente al periodista Miller Cueva Pérez, de radio Concierto debido a que el comunicador cuestionó la gestión pública del burgomaestre.

Respecto a una demora de dos años en que la justicia no resolvió sobre su demanda planteada en noviembre de 2013 contra el Grupo El Comercio por la compra de las acciones de la Empresa Periodística Nacional Epensa, los periodistas demandantes representados por Rosa María Palacios, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en setiembre de 2015 una petición contra el Estado peruano por retardo en la administración de justicia.

La demanda fue realizada contra la Empresa Editora El Comercio tras adquirir en agosto de 2013 el 54% de las acciones de Epensa, no incluyendo los contenidos editoriales que sumaría el 80% de los consumidores entre nueve diarios con los que cuenta, de un total de 60 diarios impresos que existen en el país. Los demandantes consideran que esa compra afectó la libertad de información y el pluralismo informativo.

El exministro del Interior y excandidato presidencial por el partido de Gobierno, Daniel Urresti, es investigado por su implicancia como autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos Saavedra ocurrido en 1988, cuando Urresti se desempeñaba como oficial del Ejército en Ayacucho.


Recientemente, se conoció, a través de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), que uno de los supuestos testigos ofrecidos por la defensa de Urresti no tenía conocimiento de su implicancia en el proceso. Eliseo Gavilán Gavilán denunció que no sabía que tenía que testificar ante la Sala Penal Nacional, lo cual evidenció que el ofrecimiento se realizó sin su permiso y argumentó que fue llevado a Lima por una supuesta oferta laboral de 2 mil soles que nunca se concretó.

El 20 de marzo, Marco Falconí Picardo, candidato a la reelección congresal por Alianza por el Progreso, realizó una demanda contra los periodistas del diario Correo, Julio Ancalle Gutiérrez, Carlos Navea Paredes e Iván Slocovich Pardo, y solicitó una reparación civil de 10 millones de soles por supuesto daño moral, debido a revelaciones periodísticas. La nota señala que Falconí había recibido sueldo y gratificación por fiestas patrias, pese a estar de licencia en el Congreso.

A través de una resolución aprobada durante la 70 Asamblea General de Charleston se hizo notar las preocupantes consecuencias que acarrearían para el derecho a la información en el caso que el Congreso de la República y el Ejecutivo no aprobaran la reforma electoral antes del final del período legislativo en diciembre de 2015. Lamentablemente, semanas después que el presidente Ollanta Humala convocó a las elecciones generales del 10 de abril y durante una sesión legislativa extraordinaria, las leyes aprobadas resultaron más bien en una errática “contrarreforma” electoral que devino en el clima de confusión antes mencionado.

No obstante, sí se logró aunque aún en forma incipiente conocer los antecedentes de las candidatas y candidatos. Por ejemplo, los peruanos no tenían mecanismos legales para saber si los aspirantes a los mayores cargos habían cumplido condena por narcotráfico, pederastia, desfalco, etc.


Como es ya tradicional desde las elecciones generales del 2001 en Perú, el 30 de marzo pasado el Consejo de la Prensa Peruana convocó a las y los candidatos a la Presidencia a suscribir el documento “Los Principios de Lima. Libertad de Expresión y Acceso a la Información en Poder del Estado”.

Los nueve candidatos han suscritos esos principios.


En el 2016 se hizo un adendo al referido documento en relación a la libertad de expresión en internet y, en particular, a la obligación del Estado de no permitir que los crímenes contra periodistas queden impunes y la obligación del Estado a indemnizar a los familiares de las víctimas.

Los más de 50 asesinatos de periodistas ocurridos en el país en los últimos 20 años han quedado impunes.

Otras agresiones relevantes a periodistas:


El 15 de octubre, el comunicador Wilson Villegas Saldaña, de W TV – Canal 22, Cable Moyobamba, fue hostigado y amenazado por un grupo de integrantes de las rondas campesinas cuando realizaba la cobertura sobre el paro preventivo de 24 horas convocado por los ronderos en la región San Martín.

El 12 de noviembre, el reportero Germán Juárez Bustamante, de la televisora Telesur y radio Expresión de la ciudad de Ilo, región Moquegua, fue agredido físicamente por un suboficial de la Policía Nacional del Perú. Juárez registraba la intervención policial a una camioneta, cuando los suboficiales intentaron impedir la labor del agrediéndolo y malogrando sus equipos de trabajo.

El 22 de noviembre, los periodistas Germán Medina Lu, de CBS Televisión y Frank Quispe Zevallos, de Ribereña Televisión, de la provincia de Nasca, región Ica, fueron agredidos físicamente por un empresario al que señalaron como responsable de las irregularidades en la ejecución de una obra pública.

El 24 de noviembre, el reportero Diego Cáceres Hinostroza y el camarógrafo Jhann Ramírez Flores, de Best Cable TV, en la provincia de Casma, región Ancash, fueron agredidos por efectivos policiales mientras cubrían un desalojo de comerciantes de un terreno municipal.

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