viernes, 31 de marzo de 2017

Colombia: Prescribió el caso por el asesinato de Gerardo Bedoya

(C) FLIP

Prescribió en total impunidad el caso por el asesinato de Gerardo Bedoya Borrero

Hasta el 20 de marzo de 1997, Gerardo Bedoya Borrero fue el editor de las páginas de opinión del diario El País de Cali. Ese día, acompañó a su amiga María Eugenia Arango, a ver un apartamento. En las horas de la noche, en el barrio Multicentro de Cali, un hombre interceptó a la pareja y le disparó a Bedoya.

Desde las dos columnas semanales que publicaba en el diario, Bedoya denunciaba la corrupción y el daño que le estaba haciendo el narcotráfico a la sociedad. Según un reportaje de la Sociedad Interamericana de Prensa, los compañeros de Bedoya creen que este sentenció su destino con una publicación de finales de febrero del 97. El título ya era provocativo: “Aunque me llamen proyanqui”. Entre otras afirmaciones, el editor confesaba que prefería la injerencia del gobierno estadounidense en los asuntos colombianos a la influencia del narcotráfico en la política nacional.

En 20 años, el caso de Bedoya no tuvo avances significativos en la justicia colombiana. La investigación preliminar no arrojó mayores detalles sobre el crimen. Según datos aportados por la Fiscalía General de la Nación a la FLIP, el caso se encuentra en etapa preliminar en el despacho 68 de la Unidad de Derechos Humanos. Es decir, después de dos décadas, el caso prescribe sin que una sola persona haya sido vinculada a la investigación como posible responsable de este crimen.

En esta fecha es oportuno conmemorar el legado de Gerardo Bedoya Borrero para el periodismo del Valle del Cauca y Colombia. Pero al tiempo, la FLIP lamenta que la justicia colombiana le haya fallado una vez más a la familia de este periodista, a sus colegas y a la sociedad en general. Cada caso que prescribe en la impunidad es un mensaje permisivo de que este tipo de agresiones son válidas y no serán castigadas, al tiempo que debilita al periodismo en el país y pone en duda las capacidades del Estado para ofrecer las garantías para una prensa libre en Colombia.



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