lunes, 10 de abril de 2017

Ecuador: Se intensifica la persecución a la prensa


Correa rompe diarios en público y llama "porquería" al trabajo de periodistas cuando las noticias no son como él quisiera.

Miami, 6 de abril.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó en su reciente reunión semestral el siguiente informe sobre la situación de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Ecuador:

Las condiciones críticas para el ejercicio de la libertad de expresión no han mejorado. Es cada vez más riesgoso realizar periodismo de investigación, pues la persecución a los medios de comunicación se incrementó durante los últimos meses.

Esto a raíz de la revelación que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) sobre los denominados Panama Papers, información que dio origen, hasta el momento, a 24 indagaciones por supuestos actos de corrupción en el interior de Petroecuador. Esto se suma a la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht en el país entre 2007 y 2016.

Los profesionales Tania Tinoco (Ecuavisa), Janet Hinostroza (Teleamazonas), Ricardo Arques y Ánderson Boscán (diario Expreso) entrevistaron al exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, acusado de lavado de activos. Su labor fue criticada por el presidente Rafael Correa, quien utiliza su espacio "Enlace Ciudadano" para cuestionar a medios, periodistas, políticos y opositores.

Correa tildó de "porquería" las entrevistas. Los periodistas y medios señalaron que desconocen cómo el Gobierno obtuvo sin su consentimiento materiales periodísticos inéditos y privados que todavía no se habían publicado.

El mandatario cuestionó que también se recojan opiniones de algunos de los excandidatos a la Presidencia sobre el tema y solicitó una pronta respuesta de diario Expreso. El rotativo explicó que no puede eludir informaciones de interés público.

Los medios La Hora, El Universo y El Comercio, y los periodistas Diego Oquendo, Alfonso Espinosa de los Monteros y Andrés Carrión también fueron víctimas de comentarios de Correa por supuesto "mal manejo de la información", replicar noticias de "medios amarillistas" y llevar "una campaña sucia". Además, los calificó de "corruptos", "pasquín", "vende patria" y hasta rompió un ejemplar del diario Expreso, en el Enlace Ciudadano No. 508. Fundamedios fue acusada de formar un plan para desestabilizar al actual régimen, impulsado por los hermanos William y Roberto Isaías.

Las cadenas nacionales no son 100% informativas, pues muchas se usan para descalificar a autoridades, analistas y periodistas.

En respuesta a los videos colgados en Twitter por Pareja Yannuzzelli, se emitieron varias cadenas en distintas televisoras para mostrar la versión oficialista. Esto mismo se hizo con las protestas indígenas que se oponen a proyectos mineros. Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación, utilizó ese espacio para criticar a Fundamedios y Ecuavisa por haber recogido en una nota periodística los detalles del libro "El delito de expresarte".

Los espacios radiales también son interrumpidos como el de ExaDemocracia para acusar a los medios de "desprestigiar el concurso de frecuencias" que lleva a cabo la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom). Los radiodifusores Diego Oquendo y Gonzalo Rosero, de Radio Visión y Democracia, respectivamente, creen que sus frecuencias "están en riesgo".

Durante los últimos meses fueron hackeadas 25 cuentas de periodistas en Twitter y ocho sitios web. Las razones: campaña electoral, silenciar a medios, desprestigio e intimidación. El Comercio es el primer medio impreso atacado.

La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y el Consejo de Comunicación (Cordicom) aplicaron 31 sanciones económicas, 16 rectificaciones, 23 réplicas obligatorias, siete disculpas públicas, 11 amonestaciones escritas y ocho llamados de atención. Además, se registraron dos decomisos de equipos a radios ordenados por el personal de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y un allanamiento a radio La Voz de Arutam, ubicada en Sucúa (Morona Santiago), tras una orden judicial solicitada por la Fiscalía con el objetivo de obtener evidencias de ciudadanos, entre ellos Agustín W que habrían incitado a la resistencia armada.

El segmento más afectado con estas 79 medidas disciplinarias fue el radial (34); le siguen la prensa (26), televisión (12) y periodistas (7).

Radios como Teleradio, Zapotillo, Kiruba, La Prensa, Planeta Canela y La Voz de Arutam fueron sancionadas con uno hasta diez salarios básicos unificados por reproducir información "inapropiada", no entregar copias de programación y no identificar y clasificar los contenidos. Solo Radio Mágica recibió una amonestación escrita con el fin de mejorar sus prácticas comunicacionales. En cambio, Radio Scandalo y Soberana debieron disculparse públicamente por contenidos discriminatorios y "linchamiento mediático".

Se ha hecho costumbre utilizar el recurso (réplicas) para interrumpir espacios bajo mandato de la Ley de Comunicación para transmitir o publicar la versión oficialista. El alcalde de Balas (El Oro), Manuel Pinto, Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central (BC), Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) son algunos que solicitaron réplicas y rectificaciones a Radio La Mejor, diario La Hora (4 sanciones), El Comercio y El Universo (31 sanciones). Los dos últimos rotativos hicieron ciertas publicaciones "bajo protesta", al considerar que no era adecuada la infracción.

En sanciones a medios escritos se destacaron las impuestas a El Universo. Publicó bajo protesta dos réplicas y dos rectificaciones los días 6, 8 y 10 de octubre de 2016 y el 23 de enero de 2017, solicitadas por funcionarios estatales. La mayoría de estas réplicas llegaron a la redacción previamente diagramadas y tituladas. El periódico aseguró, en cada una de las notas impuestas, que se vio en la obligación de publicarlas para evitar nuevas multas de la Superintendencia.

El Comercio tuvo una publicación bajo protesta y el diario La Hora recibió cuatro durante el tiempo analizado. Otros medios fueron sancionados con amonestaciones escritas y exhortados a mejorar sus prácticas editoriales, como Quincenario "Horizonte", diario Expreso, Pichinchano, El Nacional, El Norte, El Heraldo y los semanarios Ecotel Press y La Verdad.

El Telégrafo fue amonestado por difundir contenido inapropiado. Mientras que Canal Uno fue considerado corresponsable e impelido a mejorar sus prácticas editoriales respecto de la muerte de una persona. La Supercom determinó que el publicista, creador y conductor del programa "Hola Mauricio" debe pagar una multa de 10 salarios básicos y dispuso la suspensión del programa.

Hubo sanciones económicas a medios televisivos por contenido violento, no apto para la franja horaria y falta de programación intercultural. Estos fueron a Telecuatro Guayaquil C.A. RTS, Canal Uno, Teleamazonas, Color TV canal 36.

Otros hechos relevantes:

El 16 de febrero llegó a las instalaciones de Teleamazonas, en Quito, un sobre cerrado y sin remitente para la periodista Janet Hinostroza. Según la Policía, se trató de un 'explosivo'. El incidente provocó la evacuación de todo el personal del medio. La profesional afirma que sería la segunda vez en su carrera periodística que recibe una amenaza.

Al día siguiente, el edificio de Ecuador TV, en el norte de Quito, fue evacuado por alrededor de 40 minutos debido a que se recibió la alerta de un sobre con contenido sospechoso, el cual iba dirigido a la periodista Mariuxi Mosquera, periodista de Ecuador TV. Elementos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) analizaron el paquete y constataron que no se trababa de un artefacto explosivo.

El 21 de octubre, el periodista Enrique Rosales Ortega, articulista de diario El Universo, fue sentenciado a dos años de prisión, disculpas públicas, y al pago de 15 mil dólares de indemnización por el delito de calumnias contra la asambleísta por Alianza PAIS Vanessa Fajardo. Rosales apeló a la corte provincial.

El Universo informó que uno de sus periodistas fue obligado a borrar las dos fotos que tomó al vicepresidente Jorge Glas durante su cobertura del concierto de Metallica. El segundo mandatario había asistido al espectáculo acompañado de un niño de 12 años y de una numerosa guardia de seguridad.

Fernando Delgado, camarógrafo de Ecuavisa, resultó herido con una pedrada en la cabeza, tras ser atacado por una turba en un barrio de Guayaquil en una cobertura por operativo antinarcóticos. El equipo periodístico del canal RTS también estuvo presente y fue agredido de manera indirecta.

Luego de las elecciones del 19 de febrero, en el marco de las protestas por la ausencia de resultados oficiales, un camarógrafo de Ecuavisa y un fotorreportero de El Comercio fueron agredidos verbal y físicamente por un grupo de manifestantes. Registraron el momento en que 150 personas rompieron la puerta del estacionamiento de un inmueble donde funciona el Instituto de la Democracia en Quito.

El dirigente opositor y periodista Fernado Villavicencio, responsable del portal de investigación Focus Ecuador, también es blanco del oficialismo. Se le sigue un proceso penal por injurias al presidente Rafael Correa. Villavicencio canceló $44.301 dólares de $47.307 de indemnización al Ejecutivo. No obstante, el mismo día que se cumplió con esa orden judicial, se activó la prisión preventiva. Actualmente, sus familiares realizan plantones para abogar por la libertad del acusado.

La web de El Telégrafo publicó el 10 de marzo un análisis titulado "Los prófugos como los 'electores" que hace referencia al rol de los periodistas durante las elecciones. En ese espacio se cuestionó las entrevistas realizadas por El Universo por los portales digitales La República y Ecuadorenvivo a Pedro Delgado. Según El Telégrafo, los medios santifican a Delgado, en vísperas de la segunda vuelta electoral.

Un hecho aislado es el cierre del programa 'Celebra la Vida' emitido por el canal estatal Ecuador TV. Supuestamente salió del aire por "retaliaciones políticas". Así lo denunció Mario Maldonado, presentador y productor de ese espacio, quien aseguró que esto se dio por su participación en el movimiento político Centro Democrático.

Los redactores también han sido advertidos por empleados públicos. El 5 de octubre, una funcionaria de la Dirección Nacional de Fiscalización del Consejo Nacional Electoral advirtió a los medios que no pueden "direccionar las entrevistas" e inducir a los candidatos o presuntos aspirantes a que se pronuncien, promocionen sus planes de Gobierno o manden mensajes para que voten por ellos. El superintendente de Control del Poder de Mercado, Pedro Páez, acusó a los medios de "manipular y distorsionar la información conforme a sus intereses privados".

Una filtración de documentos realizado por el grupo de whistleblowers Ecuador Transparente revela que el Gobierno ecuatoriano pagó por el manejo de campañas de acoso contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ex relatora para libertad de expresión Catalina Botero, Fundamedios y Mónica Chuji, ex secretaria de Comunicación.

También, se contemplan contratos para el manejo de cuentas en redes sociales para propaganda y hasta un troll center para influir en la opinión pública y acosar a opositores.

También se registraron posibles disoluciones, como la organización de la sociedad civil Corporación Acción Ecológica que estuvo a punto de extinguirse. Esto luego de que el Ministerio del Interior pidiera al Ministerio del Ambiente proceder a la "disolución inmediata" de dicha organización social, por considerar que pronunciamientos hechos en redes sociales en rechazo a la extracción minera en Morona Santiago atentan contra la seguridad interna del Estado y afecta la paz pública. El 6 de enero, Acción Ecológica presentó sus pruebas de descargo y el 12, el Ministerio del Ambiente decidió dar marcha atrás, desestimando la solicitud de disolución.

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