sábado, 11 de noviembre de 2017

14 resoluciones de la SIP aprobadas en Salt Lake City

Si bien la presentación de los informes país por país y las conclusiones que emanan de las reuniones de la SIP son los documentos que recogen los principales temas que los vicepresidentes regionales de la Comisión de Libertad de Prensa e Información en el último semestre, las resoluciones reflejan las líneas de acción que adopta la SIP. Se trata de acciones que la SIP pide que adopten las autoridades, organismos y personalidades a las que se dirigen esas resoluciones, ya sea para generar cambios de políticas públicas, detener gestiones en contra de la prensa, eliminar leyes coercitivas, entre otros asuntos.

La 73ª Asamblea General, celebrada en Salt Lake City, Utah, del 27 al 30 de octubre 2017, aprobó el último día de actividades 14 resoluciones.

Una de estas describe las restricciones en el acceso a la información en Argentina, Barbados, Jamaica, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras y Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. El documento exhorta a los países de las Américas que limitan el acceso a la información pública a suspender esas prácticas y en aquellos donde existen leyes, los invita a cumplir con sus contenidos.

Sobre Bolivia, la SIP condenó la estigmatización social de medios y periodistas por parte de funcionarios y militantes del partido de gobierno, así como los ataques físicos, verbales, psicológicos y presiones que padecen. La organización pidió al gobierno garantizar la protección al trabajo periodístico y sancionar a los responsables de agresiones.

La SIP expresó preocupación por la intensificación en Estados Unidos de las agresiones verbales de parte del presidente Donald Trump contra medios de comunicación y sus continuas referencias a la "noticias falsas", actitud que coincide con el incremento de ataques físicos y amenazas a los periodistas. La SIP resolvió organizar, en conjunto con la Reporters Committee for Freedom of the Press, una misión a Washington, DC, para reunirse con autoridades y abordar los temas que están afectando el desempeño de la actividad periodística.

Respecto a Cuba fueron denunciados la condena a tres años de prisión de la periodista Karina Gálvez y las acusaciones policiales contra Sol García Basulto y Henry Constantín Ferreiro. Por estos tres casos la SIP solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas. También fueron las dificultades para acceder a internet y el constante veto oficial para que los periodistas viajen al extranjero o se desplacen dentro del país. La SIP reiteró su exigencia al gobierno y parlamento cubano a que deroguen estatutos que limitan la libertad de prensa.

Sobre desastres naturales, la SIP hizo un reconocimiento especial a los periodistas, reporteros, fotógrafos, camarógrafos y productores, "que haciendo a un lado dificultades -como vías cerradas, servicios básicos cortados, escasez de comida y agua - mantuvieron su espíritu y priorizaron la cobertura" de estos fenómenos, en referencia a los huracanes y terremotos que dejaron centenares de muertos y miles de damnificados en las América. También se invitó a los medios de comunicación a "establecer guías y protocolos en caso de tragedias para que la cobertura se desarrolle de manera más organizada".

Acerca de Ecuador la SIP instó al presidente Lenin Moreno y a la Asamblea Nacional a reformar la Constitución para eliminar la figura de la comunicación como "servicio público"; a modificar la Ley Orgánica de Comunicación y pedir una opinión consultiva al Sistema Interamericano, y acordó enviar una misión al país para evaluar el proceso de reformas legales sobre la libertad de expresión y dialogar con las autoridades del Estado, periodistas y organizaciones sociales.

Se aprobaron cuatro resoluciones sobre impunidad. Uno de los documentos se refiere a los 10 periodistas asesinados en la región: siete en México y tres en Honduras. También se condena la prescripción de dos asesinatos en Colombia. Otra resolución destaca la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en agosto por el caso de asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal y expresa la confianza de la SIP de que los jueces alcanzará un fallo favorable para la familia y la lucha contra la impunidad en el país e insta al Estado a continuar con la investigación penal para juzgar y sanción de los autores materiales e intelectuales del crimen.

En impunidad en Brasil se le solicita a las autoridades la aprobación de una ley para la federalización de los crímenes contra comunicadores asesinados y pide el cumplimiento total de los puntos de un acuerdo amistoso entre la SIP y el Estado por el caso de Manoel Leal de Oliveira, asesinado en 1998.

La resolución impunidad México destaca el agravamiento de la violencia y los riegos para el ejercicio del periodismo principalmente en Tabasco, Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, "sin que las autoridades federales y estatales modifiquen esta situación y garanticen un ejercicio libre y sin miedo por parte de los informadores", y se cuestiona la prescripción en la justicia de 14 casos de periodistas asesinados o desaparecidos.

En Perú, la organización se refirió a una serie de proyectos legislativos sobre medios de comunicación y exhorta a los congresistas a retirar las iniciativas que limita el ejercicio periodístico o imponen restricciones de contenidos a los medios. La SIP también insta a Poder Judicial a resolver la controversia entre el Grupo La República, Grupo Epensa y Grupo El Comercio.

La asamblea aprobó dos resoluciones sobre Venezuela. La primera denuncia y condena la práctica represiva del gobierno de restringir la entrega y renovación de pasaportes y otras identificaciones a periodistas, limitando su movilización y violando su "derecho a la identificación y a detentar una nacionalidad". El segundo documento alude y denuncia las numerosas violaciones a la libertad de expresión y agresiones contra periodistas; el cierre de varias radioemisoras, la prohibición de los canales RCNTV y Caracol de Colombia en el país, "con el propósito de silenciar voces disidentes" o con posiciones independientes a la voz oficial.

Finalmente, se aprobó una resolución de agradecimiento en la que la SIP destaca el aporte de todas las personas, participantes y empresas que contribuyeron y apoyaron la celebración exitosa de la reunión.