miércoles, 27 de diciembre de 2017

VEAMOS LAS COSAS SIN OPINIONES: CASO INDULTO FUJIMORI

La Constitución Política en su artículo 118 inciso 21, textualmente, señala que -entre otras cosas- corresponde al Presidente de la República, "Conceder indultos y conmutar penas". No menciona condiciones, no exige requisitos ni propone procedimientos. Pero, debido a que el nuestro no es un Estado autárquico, esa y todas las atribuciones presidenciales se concretan cumpliendo previamente determinadas formalidades o procedimientos para evitar metidas de pata que pueden ser graves e irremediables y, obvio, para que no se den visos de dictadura; así, por ejemplo, la potestad de "administrar la hacienda pública" (que está considerada en el mismo artículo constitucional) no le da carta blanca para hacer lo que le dé la gana con el dinero del Estado.

El Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, según el artículo 31 se recomienda el indulto por razones humanitarias solo en los siguientes casos: aquellos que padecen enfermedades terminales, aquellos que padecen enfermedades no terminales, graves, que se encuentran en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en riesgo su vida, salud e integridad y los afectados por trastornos mentales crónicos, irreversibles y degenerativos; y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad.

El Tribunal Constitucional manifestó que “la gracia presidencial deberá ser concedida por motivos humanitarios, en aquellos casos en los que por la especial condición del procesado (por ejemplo, portador de una enfermedad grave e incurable en estado terminal) tornarían inútil una eventual condena, desde un punto de vista de prevención especial”. Es decir, el máximo intérprete de la Constitución ratifica lo ya señalado en el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias presidenciales. Este último es el parámetro de aquello que el presidente está o no facultado a realizar.

Asimismo, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Número 28704, publicado el 05 de abril del 2006, no procede el indulto para delitos de violación sexual contra menores de edad “no procede el indulto ni la conmutación de la pena a los condenados por los delitos de secuestro y extorsión. Tampoco el derecho de gracia a los procesados por tales delitos”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala en la sentencia del caso Barrios Altos vs. Perú lo siguiente: “[…] son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. En ese sentido, según la Corte IDH, delitos de lesa humanidad, así como los cometidos por el ex mandatario Alberto Fujimori en los casos ‘La Cantuta’ y ‘Barrios Altos’ constituyen inaplicables de indulto.

Como todos sabemos, los Tratados Internacionales pesan más que cualquier ley nacional.

El 16 de octubre de 1998, una noticia sorprendió al mundo: el expresidente de facto de Chile, Augusto Pinochet, era arrestado en la capital inglesa por orden del juez español Baltasar Garzón. Pinochet, entonces senador vitalicio, había viajado a Londres para recibir tratamiento médico, y suponía que sus fueros como ex mandatario lo protegerían del pedido de extradición de Garzón.

Sin embargo, Tony Blair, indultó a Pinochet por su pésimo estado de salud. Es en este punto, donde EL DERECHO VINCULANTE de los Tratados Internacionales entra en acción. Los casos de Pinochet y Fujimori son idénticos. De esta forma, no habría condiciones legales, que internacionalmente se pueda declarar ilegal lo actuado por el Presidente PPK.


Miguel Etchecolatz, represor de la última dictadura militar argentina (1976-1983), condenado en varias oportunidades a penas de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, fue beneficiado este miércoles (27.12.2017) con el arresto domiciliario. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 6, que consideró que Etchecolatz, de 88 años, padece problemas de salud que ameritan que cumpla las penas impuestas en una vivienda situada en la ciudad de Mar del Plata, a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

El tribunal, integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Julio Luis Panelo y Fernando Canero, aceptó un pedido presentado por la defensa de Etchecolatz, que sostuvo que su cliente presentaba "una situación de progresivo deterioro de su salud y estado clínico general".

El 25 de agosto de 2015, la BBC informaba que el ex gobernante de facto de Guatemala Efraín Ríos Montt será sometido a un juicio especial, a puerta cerrada, en el que debido a su incapacidad mental no recibirá pena de cárcel. Así lo decidió este martes el tribunal que revisa el proceso judicial contra el general retirado, que sufre demencia.

El Tribunal B de Mayor Riesgo, que preside la jueza María Eugenia Castellanos, resolvió que debido a la "incapacidad comprobada" del acusado para comparecer en un juicio oral público, sólo se realizará uno para "la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección".

Además, decidió que el proceso se realice con presencia de las víctimas, "sin intervención" de los medios de comunicación. En la resolución, se acordó también que sean dos abogados los que representen al acusado en el nuevo juicio. Ríos Montt puede ser encontrado inocente o culpable, pero no se le aplicará pena alguna debido a su condición. Según cita el diario guatemalteco Prensa Libre, el perito a cargo, Walter Rinze, indicó que el ex gobernante de facto "sufre demencia vascular mixta cortical y sub cortical, lo cual causa lesiones en el cerebro".

Finalmente, la Resolución aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2015 sobre las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) señala: el personal sanitario comunicará al director del establecimiento penitenciario, sin dilación, todo efecto desfavorable en la salud física o mental del recluso de las sanciones disciplinarias u otras medidas restrictivas que se le hayan impuesto, y le hará saber si considera necesario que se interrumpan o modifiquen dichas sanciones o medidas por razones de salud física o mental.


Hans-Peter Firbas

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